1.1. ¿Qué es la eficiencia energética?

Al igual que ocurre con otros recursos productivos (trabajo, capital, recursos hídricos, etc.) la eficiencia en el ámbito de la energía se refiere a la relación entre los resultados obtenidos y los recursos, en este caso energéticos, utilizados para su consecución.[1] En términos macroeconómicos, la eficiencia energética se analiza a través del concepto de intensidad energética, que se calcula como el cociente entre el consumo energético de una economía y su producto interior bruto (PIB). Es decir, muestra la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB en la economía.

A pesar de la importancia de mejorar la eficiencia energética para los objetivos de sostenibilidad económica y ambiental (ver Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución), la evolución histórica de esta variable no ha sido plenamente satisfactoria en España hasta el año 2005. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 1‑1, entre 2005 y 2015 se observa un gran avance en la mejora de la intensidad energética final, descendiendo aproximadamente un 20%.

Figura 1‑1. Evolución anual de la intensidad energética final (consumo de energía final por unidad de PIB).
Fuente: IDAE, Estudios, informes y estadísticas.

Desde el punto de vista macroeconómico, detrás de esta evolución históricamente divergente entre España y la Unión Europea se encuentra una mayor desmaterialización de las economías de la UE 15 frente a la economía española,[2] puesta de manifiesto tanto en la estructura productiva como en el grado de eficiencia energética alcanzado dentro de cada sector. En cuanto a la estructura económica, se aprecia para España un mayor peso de actividades más intensivas en energía, siendo destacable el elevado peso del sector de la construcción durante muchos años, que duplicaba la participación en el PIB al de la UE 15, y que registró hasta 2007 un fuerte crecimiento.

La eficiencia energética y los retos del modelo energético. La eficiencia energética puede contribuir de forma decisiva a la lucha contra el cambio climático, a la mejora de la seguridad energética y de la competitividad. Incluso se plantea por parte de los gobiernos recientemente como un importante dinamizador del desarrollo económico y el empleo (ver Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución).

En relación al cambio climático, El Acuerdo de París (en vigor desde el 4 de noviembre de 2016) establece una serie de medidas para combatirlo y que tienen como principal objeto reducir los gases GEI gracias a la introducción al mix energético de tecnologías cada vez más limpias. Según la Agencia Internacional de la Energía (EIA), para alcanzar el escenario de no superar un calentamiento global de 2ºC, se necesita establecer una ruta que vaya en línea con las políticas internacionales, planteándose una reducción de las emisiones globales de GEI en 2050 cercana al 90% frente al año 2000 (ver El cambio climático y los acuerdos internacionales). La eficiencia energética se presenta como el principal instrumento, responsable de casi un 60% de la reducción de emisiones. Por ello, la eficiencia energética se presenta como un elemento crucial para luchar contra el cambio climático (Figura 1‑2).

Figura 1‑2. Contribución de cada opción tecnológica a la reducción de emisiones en el escenario 2ºC.
Fuente: EIA, Energy Technology Perspectives 2017.

Por otro lado, las políticas destinadas a reducir el consumo energético también tienen una importante contribución positiva a la seguridad energética. [3] En el ámbito de las políticas de demanda, la eficiencia energética es el principal instrumento para mejorar la seguridad energética. La reducción del consumo de energía contribuye a reducir la intensidad energética de la economía y la dependencia exterior. A través de estos elementos, también se reducen las tensiones inflacionistas generadas por el aumento de los precios internacionales de las materias primas energéticas (ver Seguridad de suministro).

El importante papel de la eficiencia energética para la economía se ha puesto de manifiesto, en España, con la introducción del Programa Nacional de Reformas de 2017[4]. Mediante éste Plan, la eficiencia energética es la herramienta por la cual se pretende reducir los costes del sistema, sin perder competitividad, centrándose mucho en la eficiencia energética en edificios, con el fin de eliminar obstáculos a la rehabilitación y regeneración con la ayuda del nuevo Plan de viviendas 2018-2021.

Desde el punto de vista de generación eléctrica, el plan tenía previsto introducir 3.000 MW de renovables que se ha visto materializado con la subasta que se celebró el pasado 17 de mayo de 2017, de los cuales el 99,3% del total fue a parar a la eólica (2.979 MW). Adicionalmente, el pasado 26 de junio de 2017 se celebró otra subasta de 5.000 MW de capacidad de renovable. Esta subasta estaba prevista de 3.000 MW pero la demanda obligó a incrementar a 5.000 MW, de los cuales 3.900 MW se adjudicaron a potencia fotovoltaica y los restantes 1.100 MW a eólica.

Al fomentar la eficiencia energética, el modelo mejora, reduciendo el consumo energético y evitando las emisiones de CO2 innecesarias, ayudando a cumplir el objetivo que se espera de España en la UE, en relación a estas reducciones de gases de efecto invernadero.

En la Figura 1‑3 se muestran las diferentes opciones ordenadas de forma creciente por coste para alcanzar una reducción de emisiones compatible con el objetivo de los 2ºC[5].

Figura 1‑3. Coste Marginal de Reducción de emisiones para el sistema energético global 2050.
Fuente: Energy Technology Perspectives 2008, AIE y elaboración propia.

A modo de ejemplo, se puede hacer referencia a la iniciativa puesta en marcha en Reino Unido llamada “Green Deal”[6], por la cual, se pretende facilitar a los dueños de las viviendas urbanas y rurales la posibilidad de invertir en mejoras de índole energético en sus domicilios, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. El usuario no ha de pagar por la inversión inicial del proyecto, sino que puede optar a financiación para acometer la inversión. Poco a poco, el proyecto se financia a través de la factura, suponiendo que se acometerán proyectos en los que el ahorro en ésta compense los pagos para la devolución de la financiación inicial. El gobierno espera que este plan llegue a 14 millones de hogares y 2,8 millones de comercios, de aquí al año 2030, lo cual está calculado que fomentaría 65.000 puestos de trabajo directos que deberán desempeñar personas que estén correctamente formadas.

Además, se debe contar con los puestos de trabajo indirectos que se producen como consecuencia de la reducción de los consumos de energía y de la reasignación de los gastos de las familias a otros bienes y servicios.

Junto a las oportunidades de negocio y empleo también hay que considerar el efecto multiplicador sobre la economía de las inversiones, tanto públicas como privadas, consideradas en las políticas de eficiencia energética. En el caso español, en las estimaciones realizadas en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020[7], se supone la movilización de un volumen de inversiones públicas y privadas de 45.985 M€ acumulados hasta 2020, con tan solo 4.995 M€ aportados desde la administración pública.