Se explica en este informe que el déficit tarifario del sistema eléctrico español ha alcanzado un nivel insostenible, más de 30.000 millones de euros acumulados a finales de 2012. Parte de este importe se ha recuperado a través de los peajes pero, aun así, el saldo de la deuda se mantenía a esa fecha en niveles cercanos a los 22.000 millones de euros, más de un 2% del PIB español.
El artículo describe el déficit tarifario español y quién lo financia, los componentes de la factura eléctrica y la estructura de los costes regulados.
Mediante el déficit de tarifa, el regulador permite recuperar en el futuro los costes reales asociados a las tarifas de acceso actuales, pero esta solución no se puede mantener indefinidamente, por lo que se necesita una profunda revisión regulatoria en el sector eléctrico.
El problema del déficit tarifario no puede ser resuelto en el corto plazo a no ser que los precios finales de la electricidad se incrementen o que los costes del sistema se reduzcan. Una solución podría ser pasar, al menos parte del déficit acumulado, a los Presupuestos Generales del Estado, pero esta opción queda actualmente descartada por la política de restricción presupuestaria.
La reforma debe estar diseñada de manera que no se produzca ningún déficit futuro, en particular, los agentes del mercado se deben convertir en financiadores/beneficiarios residuales de los déficit/excedentes generados. Esto requiere una revisión de la regulación relativa a la promoción de las energías renovables y la regulación del transporte y la distribución.
Por otro lado, recomienda al regulador extremar la atención en los efectos secundarios y colaterales de las medidas regulatorias, porque algunas propuestas para reducir el déficit afectan a las señales del precio del mercado, por lo que pueden perjudicar más que beneficiar.