1. Los propietarios de las centrales nucleares están financiando su desmantelamiento
Los propietarios de las centrales nucleares soportan actualmente el coste de desmantelamiento de sus centrales a través de la Tasa de Enresa. Además, hacen frente a los impuestos medioambientales creados por la Ley 15/2012 y a las ecotasas locales que gravan la producción de electricidad de origen nuclear.
El coste del desmantelamiento de las centrales nucleares es soportado por todos los propietarios de las centrales a través de la denominada “Tasa de Enresa”. De acuerdo con la normativa vigente, la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.), tutelada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, es responsable de gestionar: el desmantelamiento de las centrales nucleares, el almacenamiento del combustible gastado y de todos los residuos nucleares que se producen en España. A través de la “Tasa de Enresa”, los propietarios de las centrales sufragan estos costes.
En la actualidad, la “Tasa de 
Enresa” está situada en 6,7 €/MWh, calculada para un periodo de operación de las centrales de 40 años, consiguiendo una recaudación anual de 375 M€ y acumulando un total de, aproximadamente, unos 5.500 M€ (5.017 M€ a 31 de diciembre de 2016, según datos del propio Ministerio). El valor de esta tasa va variando, ya que Enresa realiza una estimación del coste futuro del desmantelamiento de las centrales en el Plan General de Residuos Radioactivos, que se actualiza periódicamente cada 4 años o cuando el Ministerio lo considera necesario. En el caso en el que la dotación del fondo sea superior o inferior al coste de las actividades de desmantelamiento de las centrales, será el Ministerio el que asuma o se beneficie de la posible desviación con respecto a lo estimado.
Además, las empresas propietarias de las centrales nucleares también hacen frente desde 2012 a dos nuevos impuestos, sobre la producción del combustible gastado y sobre su almacenamiento, creados en la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema eléctrico, y a las ecotasas locales que gravan la producción de electricidad de origen nuclear. Los nuevos impuestos de 2012, que suponen un coste de otros 300 M€ al año, no se están destinando a la gestión de los residuos, sino a sufragar los costes regulados del sistema eléctrico. Por su parte, las ecotasas forman parte del sistema de financiación autonómico.
Esta carga que están sufriendo las nucleares, provoca que estas centrales, aun siendo competitivas en costes, afronten una elevada carga fiscal, 19 €/MWh (aproximadamente 1.200 M€ al año), lo que implica que cerca del 43% de sus ingresos los tienen que destinar a pagar impuestos. Estas cifras les están impidiendo recuperar sus inversiones pasadas y están comprometiendo las necesidades de inversión que puedan tener en el futuro.
2. El modelo actual es un modelo eficiente
El modelo de financiación actual para gestionar el desmantelamiento de las centrales nucleares es eficiente, ya que permite organizar el desmantelamiento y el almacenamiento de los residuos de una forma centralizada y basada en la experiencia adquirida en el desmantelamiento de las primeras centrales.
La realización de esta actividad a través de una única empresa de carácter público pero financiada a través de las aportaciones de los propios propietarios de las centrales, como es Enresa, permite que la organización del desmantelamiento de las centrales se realice con procesos similares y de una forma centraliza. Además, de esta manera la empresa que lo realiza, Enresa, se puede aprovechar de las experiencias previas que haya tenido para hacer estos procesos cada vez más eficientes y económicos, teniendo impacto directo en los precios de la electricidad en los mercados y en la seguridad de suministro
De hecho, el modelo español acaba de ser imitado por Alemania, único país que va a hacer frente al desmantelamiento de su parque nuclear a corto plazo. Los operadores, que eran los responsables del coste de los residuos, estaban dotando en sus balances los correspondientes fondos para su gestión. Pero las distintas decisiones del Gobierno han hecho que los operadores nucleares se encuentren en una situación de riesgo de quiebra: 1) la penetración masiva de renovables ha deprimido el precio del mercado y 2) el cierre anticipado no permite recuperar las inversiones. Ante esto, y el riesgo de que los operadores no se pudieran hacer cargo de los residuos, el Gobierno alemán acaba de acordar con las empresas el pago de un importe para hacer frente al coste futuro estimado de la gestión de los residuos, a través de un ente público, en un modelo que toma como ejemplo el que ya existe en España.
