El objetivo de este documento es analizar la información sobre las aproximaciones regulatorias para los proyectos de redes inteligentes tanto en su fase de demostración como de desarrollo. El informe se basa en datos obtenidos mediante un cuestionario de CEER a 27 países (inicialmente mandado a 32 países). El primer tema analizado es el reto regulatorio y comercial relacionado con este tipo de redes, en particular cómo incentivar la respuesta de la demanda, la eliminación de barreras regulatorias y los instrumentos de regulación necesarios para facilitar su desarrollo. Por otro lado, analiza un plan de implantación de redes inteligentes; en este sentido, el 42% de los países que respondieron tenía diseñado un plan estratégico para su implantación; en la mayoría de los cuales el responsable es el gobierno y el operador del sistema de distribución (DSO), mientras que, está monitorizado por la autoridad nacional regulatoria.
El informe hace un llamamiento para fomentar soluciones innovadoras en la redes de electricidad y recomienda la implantación de este tipo de redes, siempre que, supongan una alternativa rentable a las soluciones existentes. Además, busca formas de incentivar a las empresas de red para buscar soluciones innovadoras, siempre que sea beneficioso para la sociedad en su conjunto. El 79% de los países utilizan herramientas de precios para facilitar el desarrollo de redes inteligentes y en el 63% utiliza indicadores de desempeño. La mayoría de los países tendrán que adaptar sus instrumentos reguladores, por ejemplo, en España se ha propuesto disminuir la tensión y una nueva tarifa discriminatoria que fomente la carga de vehículos eléctricos en momentos de baja demanda. En el 75% de los países los incentivos para alentar la innovación del Operador del Sistema se financian principalmente a través de los costes de la red. La financiación pública nacional y europea también se utiliza en gran medida y en muchos países utilizan una combinación de fuentes de financiación. En España se utiliza financiación europea y del gobierno nacional.
Finalmente, los resultados de la encuesta de 2013 reflejan que el 39% de los países han llevado a cabo un análisis de rentabilidad completo para este tipo de iniciativas, mientras que el 44% de los países encuestados no se ha llevado a cabo ningún estudio de rentabilidad.
