Consumo, Electrificación de la Economía

Guillermo Amann: «La regulación es absolutamente necesaria en la transformación del sector eléctrico»

Entrevista a Guillermo Amann, adjunto a la presidencia de Velatia, con motivo de la jornada «La Electricidad del Futuro. Tecnología y Competitividad», organizada en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco (EIB-UPV/EHU).

¿Cómo se va a tener que transformar la empresa eléctrica y sus proveedores de bienes de equipo para enfrentarse al futuro?

La transformación de las empresas eléctricas ya se viene produciendo desde hace unos años. No tenemos que olvidar que esta trasformación viene dada por dos drivers ajenos al sector. Uno de ellos es la liberalización de la energía en general y de la electricidad en particular, que hace unos años parecía impensable pero ha sido una directriz política que nos viene impuesta desde Europa y ha obligado a una transformación. Un segundo driver es la descarbonización o reducción de las emisiones de CO2. Esta directiva política viene de una cuestión natural y de la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Estos dos drivers o decisiones ajenas al sector eléctrico son los que están haciendo que cambie el paradigma de toda la cadena de valor del sector. Pero, en primer lugar, a quien más está cambiando es a las compañías eléctricas. Hasta hace unos años, estas empresas eran verticales: iban desde la generación hasta el consumidor o la comercialización de la energía eléctrica. Todo ello bajo un mismo «paraguas», una misma empresa, resultando en muchos casos en monopolios, algunos incluso de propiedad estatal, como en Francia o muchos otros países.

La liberalización del sector eléctrico y la introducción de las energías renovables han tenido dos efectos. Por un lado, las distintas actividades de la cadena de valor del sector eléctrico (la generación, transporte, distribución y comercialización) se han separado. Y, por otro, la irrupción de las renovables y el desarrollo tecnológico asociado a ellas han hecho que vayan apareciendo poco a poco nuevos actores en el mercado, como los agregadores y la figura del “prosumer”, el consumidor que a la vez es productor. Esto ha supuesto un cambio de paradigma brutal en las empresas del sector eléctrico.

En este momento los DSOs, NDSOs y TSOs (los operadores del sistema de distribución y transporte), son los negocios regulados que quedan en el sistema, pero juegan un papel distinto al que tenían antes. Ahora, son facilitadores para que el negocio eléctrico liberalizado de generación y comercialización pueda realizarse sobre las carreteras por las que discurre la electricidad. Lógicamente, eso provoca que el resto de la cadena de valor y, en definitiva, las empresas que dan servicio a estas compañías eléctricas, también hayan modificado el valor que pueden aportar a esos nuevos clientes (nuevos desde el punto de vista de que su rol es distinto). Todas las empresas de servicios y de productos se han adaptado al nuevo rol de los agentes.

Se oyen voces que reclaman más libertad para el consumidor, lo que choca con el hecho de que necesita permanecer conectado a las redes. ¿Qué papel va a jugar la regulación en esta transformación?

La regulación es fundamental. Como comentaba antes, la transformación se está produciendo por dos drivers externos que son dos decisiones políticas. Lógicamente, como sector regulado o parte regulada del sistema que son el transporte y la distribución, la regulación es absolutamente vital para su funcionamiento. Pero no solo para el transporte y la distribución, también para saber qué papel juega cada uno y qué modelo energético o eléctrico se quiere tener en cada país.

En cuanto al autoconsumidor, creo que no podemos caer en la tentación del populismo, entendido en el sentido de que es muy fácil hablar del sol como un recurso que tenemos ahí. La tecnología fotovoltaica es accesible para todos y tiene un precio razonable, por tanto todos tenemos derecho a estar conectados. Eso, dicho así, aisladamente, no me parece real porque en definitiva todos tenemos derecho a convertirnos en “islas energéticas” y alimentamos del sol. Eso es un derecho que nadie nos va a quitar. Pero nadie quiere estar en esas condiciones, todos queremos una garantía de suministro y, por tanto, todos queremos estar conectados a la red. Esa red tiene unos costes y unas necesidades, no solo de inversión sobre los recursos de la propia red, sino también de operación, y eso hay que pagarlo. No podemos pensar, por decir algo, en nacionalizar las redes, y que sea el estado el que permita que cada consumidor genere su electricidad y la invierta.

Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Primero, ningún sistema eléctrico es absolutamente flexible, no es un chicle en el que podamos integrar toda la generación. Y segundo, la integración de la energía renovable en las distintas fases de la cadena de transporte y distribución hasta la baja tensión, conlleva una necesidad de refuerzo de la red y de inversiones ella para poder soportar, por ejemplo, flujos energéticos en los dos sentidos. Pero no solo para eso: para poder realizar mediciones, asegurar la estabilidad de la tensión y la frecuencia.

En definitiva, se necesita una red en las condiciones adecuadas para que el asunto fundamental por el cual todos queremos estar conectados (tener una seguridad de suministro) sea una realidad. Por eso, la regulación es absolutamente necesaria, y una regulación inteligente. En este sector hablamos de la inteligencia para todo, y muchas veces no hablamos de la smart regulation, la regulación inteligente. Pero, desde mi punto de vista, es absolutamente una necesidad. Todos tenemos derechos pero todos tenemos obligaciones. Y en el sistema eléctrico es igual, es decir, el consumidor tendrá derecho a estar conectado a una fuente propia y a su vez a la red. Sí sería discutible si tiene derecho a revertir el excedente en la red. Pero tiene que ser la regulación la que lo ponga en blanco y negro para que las reglas del juego sean iguales para todos y, sobre todo, para que dispongamos de un sistema eléctrico y una red de transporte y distribución suficientemente robusta para asegurar la continuidad de servicio, dar una calidad suficiente y permitir que se desarrolle en el futuro.

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