El Center for American Progress (CAP) ha publicado en abril de 2016 el informe “Proxy Carbon Pricing. A tool for Fiscally Rational and Climate-Compatible Governance”. En él se defiende la necesidad de introducir un precio al carbono que traslade el coste medioambiental de sus emisiones a los consumidores de combustibles fósiles. Además, aunque tal precio no está aún implementado regulatoriamente, debe tenerse en cuenta por el sector público (concretamente el estadounidense) a la hora de decidir acerca de proyectos de infraestructuras energéticas.
La quema de combustibles fósiles emite CO2 que provoca costes significativos para la sociedad, en forma de daños medioambientales, cambio climático, impactos sobre la salud pública o perjuicios económicos, entre otros. Sin embargo, el precio de los combustibles fósiles no tiene en cuenta esos costes provocados y, como resultado, no hay un incentivo a utilizar tecnologías limpias. Poniéndole un precio al carbono se garantiza que el coste de esas externalidades se traslada a aquellos que consuman combustibles fósiles.
Con el objetivo de luchar contra el cambio climático, y tras los compromisos adoptados en el Acuerdo de París en diciembre 2015, cada vez más países están optando por establecer precios al carbono para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a través de sistemas de mercado (República de Corea) como a través de impuestos sobre el carbono (México y Francia) y otras medidas regulatorias que penalizan cada tonelada de CO2 emitida.
La inevitable transformación hacia una economía baja en carbono está provocando que el sector privado tenga en consideración el precio del CO2 en la toma de decisiones, incluso en países en los que no existe dicho precio. Esta práctica, denominada como “precio virtual al carbono ”, es utilizada por las compañías para valorar el coste financiero y social de las emisiones asociadas a sus inversiones. Además, también resulta útil como herramienta para medir riesgos financieros derivados de activos muy intensivos en combustibles fósiles y para prepararse ante límites más estrictos de emisiones.
La aprobación de nuevas infraestructuras energéticas por los gobiernos tiene fuertes implicaciones sobre el medioambiente a largo plazo. Por ello, los gobiernos federal y estatales estadounidenses deberían inspirarse en ese “precio virtual al carbono” para tener en cuenta las externalidades climáticas en la toma de decisiones, valorar la viabilidad a largo plazo de estas inversiones.
La implantación de esta medida mitigaría riesgos a largo plazo de infraestructuras energéticas ante la inevitable transición hacia un modelo económico descarbonizado. Además, la consideración de los precios del carbono en la toma de decisiones contribuirá a dicha transición, necesaria para alcanzar los objetivos climáticos.
Para introducir el precio del carbono como variable en la toma de decisiones existen distintas estimaciones a corto y largo plazo: mientras el gobierno estadounidense establecen el coste social de las emisiones de carbono entre 11 y 105$ en 2015 la Agencia Internacional de la Energía calcula que para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar en 2ºC el incremento de la temperatura global el precio debería situarse en 140$ en 2040.
